Entrevista con el Presidente de la Autoridad Española de Protección del Informante: El reto del cambio cultural en las organizaciones

Con la reciente creación de la Autoridad Española de Protección del Informante (AIPI) y el inicio oficial de sus actividades el 1 de septiembre, se abre un nuevo capítulo en la consolidación de la Directiva Europea sobre protección de los denunciantes y de la Ley 2/2023 en España.

En Whistlelink, tuvimos la oportunidad de hablar con el presidente de la Autoridad, el Profesor Manuel Villoria, para conocer de primera mano los principales desafíos y prioridades que enfrentan las organizaciones al implementar este marco esencial para la integridad corporativa.

¿Cómo apoyará la Autoridad a las empresas en el cumplimiento de la nueva ley?

– En esta etapa inicial, el apoyo institucional de la Autoridad se centrará en formación e información. El objetivo es convertirse en un referente de confianza, ofreciendo orientación clara y difundiendo buenas prácticas, para ayudar a las organizaciones a comprender sus obligaciones y fomentar una cultura más sólida de protección al informante.

– Queremos apoyar a las empresas con herramientas educativas que les permitan tomar decisiones informadas y avanzar hacia entornos más seguros y transparentes. Esta labor formativa será especialmente importante, ya que muchas organizaciones aún desconocen sus obligaciones legales bajo la nueva normativa.

Desde su perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos que enfrentan las organizaciones españolas para establecer procedimientos eficaces de denuncia de irregularidades?

– Cumplir con la ley conlleva varios desafíos, pero para muchas organizaciones los más inmediatos son tecnológicos y presupuestarios. Muchas entidades, especialmente pymes y administraciones locales, aún no cuentan con los sistemas ni los recursos adecuados para gestionar canales de denuncia seguros y eficaces.

– Más allá del aspecto técnico, existen además barreras culturales profundamente arraigadas que suponen un obstáculo igual o mayor. El miedo al cambio, la resistencia interna y la incertidumbre sobre cómo responder ante una denuncia siguen obstaculizando una implementación real. A esto se suma la necesidad de romper con estigmas históricos que asocian la denuncia con la deslealtad, que impactan tanto en la organización como en la reputación del informante..

– Abordar estos aspectos requiere un enfoque amplio, que no solo se limite a cumplir con un marco normativo, sino que impulse un verdadero cambio de mentalidad en la cultura organizacional, ya que el miedo no debería ser un impedimento para alcanzar los mayores niveles de desarrollo moral en las organizaciones.

¿Qué consejo daría a los responsables de cumplimiento y líderes empresariales que buscan adaptar su organización a la legislación española?

– Un mensaje clave es la importancia de proteger a los responsables de cumplimiento, ya que son piezas fundamentales del sistema. Su función es garantizar que los procedimientos de denuncia se gestionen correctamente y con imparcialidad. Para lograrlo, deben contar con apoyo institucional, independencia en su rol y un entorno que les proporcione seguridad jurídica y personal.

– La Autoridad Española de Protección del Informante (AIPI) defenderá a los responsables que gestionan canales externos con los mismos principios aplicables a los denunciantes.

– También es fundamental que las organizaciones asuman su responsabilidad social en la construcción de una cultura de legalidad. No se trata solo de cumplir con la ley, sino de generar entornos donde la integridad forme parte del día a día.

– En cualquier caso, el cumplimiento no es opcional: la Ley 2/2023 prevé multas de hasta un millón de euros para las empresas que no implementen las medidas obligatorias, lo que refuerza la necesidad de anticipación y compromiso.

Por último, ¿qué mensaje enviaría a los empleados que dudan en utilizar los canales de denuncia internos o externos?

– Uno de los mayores retos institucionales de la Autoridad será generar confianza entre los ciudadanos y los trabajadores. En este sentido, la formación, la transparencia y el ejemplo desde las instituciones públicas y privadas serán herramientas clave para fomentar la denuncia sin miedo y para que los empleados comprendan que la ley los protege cuando utilizan estos canales para ejercer sus derechos.

– En todo caso, existe la posibilidad de la denuncia anónima y animo al uso de la anonimidad para dificultar las represalias

Esta entrevista se realizó en agosto de 2025, mientras la Autoridad Española de Protección del Informante se preparaba para iniciar oficialmente sus operaciones. Maria Bobóc, Territory Manager de Whistlelink, conversó con el Profesor Manuel Villoria, presidente de la Autoridad, sobre el futuro de la protección de los denunciantes en España.