Cómo cumplir con la Ley de Denuncias 2/2023
La Directiva Whistleblowing se creó para proteger a las personas que denuncian corrupción y malas conductas relacionadas con el entorno laboral, y se adoptó en España a traves de la Ley 2/2023. Esta normativa requiere que las organizaciones establezcan canales de denuncia seguros y confidenciales que protejan a los denunciantes de represalias.
Las organizaciones con 50 o más empleados y los municipios con más de 10.000 habitantes deben implementar canales de denuncia seguros. Estos sistemas deben estar diseñados para garantizar la seguridad y la confidencialidad de los denunciantes y cumplir con las obligaciones legales.
Para cumplir con la normativa, los canales de denuncia deben:
Ser seguros
Garantizar la confidencialidad
Tener un propietario designado
Respetar los plazos legales
Cumplir con las directrices del RGPD
Permitir denuncias escritas y/o verbales
Cualquier persona que tenga conocimiento de una mala conducta relacionada con el trabajo puede presentar una denuncia. La protección se extiende más allá de los empleados actuales para incluir a los ex empleados, solicitantes de empleo, contratistas y proveedores, y personas que ayudan al denunciante.
Las denuncias pueden cubrir violaciones de la legislación de la UE relacionadas con diversos temas, incluidos, entre otros:
Blanqueo de capitales y fraude fiscal
Seguridad de productos y transporte
Protección de datos y violaciones de la privacidad
Problemas de salud pública
Violaciones del bienestar animal
Infracciones de protección del medio ambiente
Los denunciantes están legalmente protegidos contra cualquier forma de represalia cuando envían una denuncia a través del canal de denuncias designado. Para ser eligible para la protección legal, el denunciante debe tener una creencia razonable de que la información que está proporcionando es verdadera en el momento de la denuncia.
Si bien la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades no establece sanciones mínimas específicas, exige que los Estados miembros implementen leyes nacionales que impongan sanciones a las organizaciones que:
Violan la confidencialidad al revelar la identidad de un denunciante sin su consentimiento.
Tomar represalias contra los denunciantes mediante acciones como el despido, el acoso o la discriminación.
El incumplimiento de las leyes nacionales de protección de los informantes puede dar lugar a importantes sanciones económicas, acciones legales y daños a la reputación de las organizaciones. Garantizar canales de denuncia internos adecuados y medidas de protección, es esencial para el cumplimiento y el mantenimiento de la confianza en su organización.
Siga estos pasos para garantizar que su organización cumple con la Directiva de la UE sobre denuncia de irregularidades.
Implementar un procedimiento para acusar recibo de la denuncia en un plazo de siete días y proporcionar una respuesta al denunciante en un plazo de tres meses.
Seguir cumpliendo con los requisitos del RGPD gestionando cuidadosamente los datos personales y garantizando que los datos se almacenen de forma segura dentro de la UE.
Establecer canales de denuncia que garanticen la confidencialidad y protejan la identidad de los denunciantes y de cualquier persona nombrada en los informes. Proteger su sistema contra el acceso no autorizado y mantener registros seguros.
Ofrecer opciones flexibles para presentar las denuncias. Aceptar denuncias escritas a través de una plataforma en línea, verbales a través de mensajes telefónicos o de voz y reuniones personales bajo petición.
Designar una persona o departamento calificado para gestionar las denuncias recibidas. Sus responsabilidades deben incluir la gestión del proceso de denuncia, el mantenimiento de una comunicación continua con el denunciante y la retroalimentación oportuna.
Asegúrese de que sus canales de denuncia sean fácilmente accesibles para todos los empleados y extienda el acceso a las partes interesadas externas, como proveedores, contratistas, accionistas, aprendices y solicitantes de empleo.
¿Su canal de denuncias cumple con las normas?
Al seleccionar un sistema, asegúrese de que cumpla con todos los requisitos legales y con el RGPD. Es esencial que la solución elegida incluya las funciones necesarias para mantener el cumplimiento y proteger la confidencialidad del denunciante.
Hemos compilado una lista de verificación de características clave para ayudarle a elegir un proveedor que cumpla con la Directiva Whistleblowing, la Ley 2/2023 y los estándares del RGPD.
La denuncia de irregularidades es cuando alguien plantea inquietudes sobre irregularidades dentro de una organización pública, privada o gubernamental. Por lo general, se trata de actividades ilegales, no éticas o dañinas, como fraude, corrupción, mala conducta, acoso, discriminación o violaciones de la salud, la seguridad o el medio ambiente.
Los denunciantes en la UE están protegidos contra cualquier forma de represalia si denuncian infracciones e incumplimientos con las leyes comunitarias en una variedad de cuestiones.
Estas incluyen violaciones relacionadas con:
Un denunciante debe utilizar los canales de denuncia designados y creer que la información era cierta en el momento de la denuncia.
La Directiva de la UE requiere que se establezcan canales de denuncia efectivos y seguros para hacer posible la denuncia interna.
Las organizaciones deben asegurarse de que sus canales internos de denuncia cumplan con criterios específicos. Esto incluye la facilidad de acceso, la propiedad y la gestión, la seguridad, el RGPD y cómo se elaboran los informes.
El objetivo es luchar contra la corrupción y ofrecer una mayor protección a las personas que denuncien conductas indebidas o infracciones del Derecho de la Unión.
Necesitará implementar canales de denuncia seguros. En otras palabras, un lugar seguro para que sus empleados y otras personas estrechamente relacionadas con su negocio puedan plantear inquietudes sobre comportamientos poco éticos.
Los canales deben cumplir varios requisitos establecidos en la Directiva, como garantizar la confidencialidad, ser fácilmente accesibles y cumplir las directrices del GDPR.
La Directiva solo se aplica a organizaciones privadas y públicas en la UE con más de 50 empleados.
Además, las empresas privadas que operan en ciertos sectores, como los servicios financieros o aquellas vulnerables al blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, deben cumplir.
La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE no establece sanciones mínimas, pero requiere versiones nacionales de la ley para sancionar a quienes impiden denunciar, vulneran la confidencialidad o toman represalias contra los denunciantes.
No. También se aplica a los municipios de la UE con más de 10.000 habitantes, y, en España, a los partidos políticos, sidicatos y fundaciones que acceden a fondos públicos.
Esto, además de cualquier organización, sin importar si es una organización pública o privada con más de 50 empleados en la UE.
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