Cómo cumplir con la Ley de Denuncias 2/2023
El objetivo de la Directiva Whistleblowing (2019/1937) es proteger a cualquier persona que denuncie una mala conducta relacionada con el trabajo. Esto exige que las organizaciones revisen su manera de tratar las denuncias para asegurarse de cumplir con los requisitos de la Directiva. Aprende más sobre lo que las organizaciones deben hacer para cumplir.
Para cumplir con los requisitos de la Directiva Whistleblowing, las organizaciones con más de 50 empleados y los municipios con más de 10,000 habitantes deben implementar canales de denuncia seguros y efectivos.
Estos canales deben:
Ser seguros
Garantizar la confidencialidad
Tener un administrador designado
Cumplir con los plazos
Respetar el GDPR
Permitir denuncias escritas y / o verbales
La Ley de Protección al Informante es una normativa que busca salvaguardar a las personas que denuncian irregularidades en organizaciones públicas o privadas. Proporciona protección contra represalias y promueve la transparencia en beneficio del interés público.
Lee más acerca de las leyes nacionales de protección al informante en la Unión Europea.
Para las organziaciones con más de 250 empelados y municipios con más de 10,000 habitantes
Para las organziaciones entre 50 y 249 empleados.
Cualquier persona interesada con información sobre una mala conducta en el lugar de trabajo puede enviar una denuncia. Esto no se limita a los empleados, también incluye exempleados, solicitantes de empleo, contratistas, proveedores, periodistas y defensores del denunciante.
Violaciones de las leyes de la UE respecto a distintos incidentes laborales. Esto incluye, entre otros, el blanqueo de capitales, la evasión de impuestos, la seguridad de productos y transporte, la protección de datos, la salud pública, el bienestar animal y la protección medioambiental.
Los denunciantes está protegidos frente a represalias. El denunciante debe enviar sus preocupaciones a través del canal de denuncias si tiene motivos para creer que la información es cierta en el momento de la denuncia.
Martes | 10:00 – 10:30
La denuncia de irregularidades es cuando alguien plantea inquietudes sobre irregularidades dentro de una organización pública, privada o gubernamental. Por lo general, se trata de actividades ilegales, no éticas o dañinas, como fraude, corrupción, mala conducta, acoso, discriminación o violaciones de la salud, la seguridad o el medio ambiente.
Los denunciantes en la UE están protegidos contra cualquier forma de represalia si denuncian infracciones e incumplimientos con las leyes comunitarias en una variedad de cuestiones.
Estas incluyen violaciones relacionadas con:
Un denunciante debe utilizar los canales de denuncia designados y creer que la información era cierta en el momento de la denuncia.
La Directiva de la UE requiere que se establezcan canales de denuncia efectivos y seguros para hacer posible la denuncia interna.
Las organizaciones deben asegurarse de que sus canales internos de denuncia cumplan con criterios específicos. Esto incluye la facilidad de acceso, la propiedad y la gestión, la seguridad, el RGPD y cómo se elaboran los informes.
El objetivo es luchar contra la corrupción y ofrecer una mayor protección a las personas que denuncien conductas indebidas o infracciones del Derecho de la Unión.
Necesitará implementar canales de denuncia seguros. En otras palabras, un lugar seguro para que sus empleados y otras personas estrechamente relacionadas con su negocio puedan plantear inquietudes sobre comportamientos poco éticos.
Los canales deben cumplir varios requisitos establecidos en la Directiva, como garantizar la confidencialidad, ser fácilmente accesibles y cumplir las directrices del GDPR.
La Directiva solo se aplica a organizaciones privadas y públicas en la UE con más de 50 empleados.
Además, las empresas privadas que operan en ciertos sectores, como los servicios financieros o aquellas vulnerables al blanqueo de capitales o financiamiento del terrorismo, deben cumplir.
La Directiva de Protección de Denunciantes de la UE no establece sanciones mínimas, pero requiere versiones nacionales de la ley para sancionar a quienes impiden denunciar, vulneran la confidencialidad o toman represalias contra los denunciantes.
No. También se aplica a los municipios de la UE con más de 10.000 habitantes, y, en España, a los partidos políticos, sidicatos y fundaciones que acceden a fondos públicos.
Esto, además de cualquier organización, sin importar si es una organización pública o privada con más de 50 empleados en la UE.
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