Cómo cumplir con la Ley de Denuncias 2/2023
La conocida como directiva whistleblowing obligará a las empresas a disponer de un canal de denuncias interno. A partir de 2023, las empresas del ámbito privado de más de 50 empleados deberán disponer de un canal ético interno para denunciar casos de malas prácticas empresariales. La medida también afectará a organizaciones públicas como entidades bancarias, sindicatos o partidos políticos sin importar su número de integrantes.
Cómo puedes aprovechar al máximo la plataforma de denuncias en línea de tu empresa? Aquí dejamos algunos puntos clave que te ayudarán a tener un canal de denuncias eficiente.
El objetivo de la directiva whistleblowing es fomentar las buenas prácticas corporativas. El canal ético es una herramienta para facilitar la denuncia de irregularidades en el ámbito empresarial: corrupción, fraude, blanqueo de capitales y otras infracciones graves del Derecho de la Unión Europea.
Los conflictos interpersonales y aquellos que solo afecten a la parte informante deberán solucionarse por otras vías. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) y los juzgados de lo social ofrecen vías para solucionar conflictos de esta índole.
Los empleados de la empresa deben estar informados de los canales disponibles para denunciar las malas prácticas corporativas. Por lo tanto, los responsables de las organizaciones deben poner en conocimiento de sus empleados la existencia de las herramientas y canales que estos tienen a su disposición.
Además del canal de denuncias interno de la empresa, existe un canal ético externo para denunciar casos de corrupción, fraude y malas prácticas empresariales en general. La Autoridad Independiente de Protección del Informante es el canal externo para que los empleados puedan informar de las irregularidades anteriormente mencionadas.
Para que el canal ético interno de una empresa sea efectivo y eficiente, es esencial que los denunciantes se sientan protegidos. El propio denunciante debe elegir el canal (interno o externo) y la forma (anónima o confidencial) en la que quiere informar de una irregularidad. Además, debe valorar cada situación, así como las posibles repercusiones, antes de emprender cualquier acción. No obstante, informar sobre malas prácticas corporativas es un deber moral y cívico. En consecuencia, los denunciantes están protegidos por la ley y su confidencialidad está amparada por el RGPD español y por normativas europeas similares.
Las represalias están prohibidas y en los juicios se invertirá la carga de la prueba: la empresa deberá demostrar que cualquier acción emprendida contra el informante está justificada y no tiene relación con la denuncia.
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