Cómo cumplir con la Ley de Denuncias 2/2023
La Directiva Whistlebloiwng de la UE (2019/1937) entró en vigor hoy, viernes 17 de diciembre.
¿Qué significa esto?
Es el día en que todos los estados miembros de la UE deberían haber adoptado la Directiva como ley nacional.
¿Acaso lo hicieron?
No exactamente.
Echemos un vistazo a lo que los países están haciendo para tener una ley nacional de Whistleblowing.
Última actualización: junio de 2022
Las discusiones iniciales con los departamentos gubernamentales y los estados federales dieron como resultado un primer borrador interno de una ley, que aún no se ha publicado públicamente. Luego de un retraso considerable, el proyecto de ley fue enviado a revisión por seis semanas, tal como lo anunció el Gobierno Federal a principios de junio de 2022.
Un informe de progreso conjunto publicado por Transparency International y Whistleblowing International Network en febrero de 2021 encontró que Austria ha logrado un progreso mínimo en la transposición de la Directiva y que el proceso no ha sido ni transparente ni inclusivo.
Ha habido poco o ningún desarrollo en la implementación desde el verano pasado (2021), pero recientemente Bélgica ha visto algunos avances en la trasposición de la Directiva Whistleblowing a la legislación nacional. Actualmente, el Gobierno Federal ha estado desarrollando una legislación específica para el sector privado. Esto cubriría la denuncia de fraude fiscal y social (pero sin mencionar la corrupción). Otro borrador para cubrir el sector público podría publicarse a finales de mayo. Esto sugiere que Bélgica podría completar el proceso legislativo este otoño.
Tras una consulta pública sobre un proyecto de ley de denuncia de irregularidades, el Ministerio de Justicia ha publicado los dictámenes presentados. Se analizaron varios aspectos del marco propuesto, entre ellos:
Se ha aprobado una nueva ley sobre la protección de los denunciantes, lo que convierte a Croacia en el noveno país en adoptar una ley nacional de denuncia de irregularidades. La ‘Ley de protección de denunciantes de irregularidades’ fue publicada el 15 de abril y entró en vigor el 23 de abril. Aunque Croacia ha tenido una ley de denunciantes desde 2019, se requirieron modificaciones significativas para cumplir con el estándar mínimo de la Directiva Whistleblowing de la UE.
El 22 de enero de 2022, el Parlamento chipriota aprobó una nueva ley nacional de protección de denunciantes titulada: ‘La protección de las personas que denuncian infracciones del Derecho de la Unión y del Derecho nacional de 2022’.
La nueva ley se relaciona principalmente con violaciones que podrían dañar a otros o dañar el medio ambiente. También cubre a los terceros relacionados con esa persona que puedan sufrir represalias.
Requiere que las organizaciones implementen canales y procesos de denuncia internos y que preserven el anonimato de los denunciantes. Se convertirá en delito penal impedir que alguien denuncie, tomar represalias contra un denunciante o intentar incumplir el anonimato del denunciante.
El proyecto de ley de transposición checo no se aprobó a tiempo, debido a las elecciones y aún debe presentarse en el Parlamento. Se espera que el proyecto de ley tenga el mismo contenido que el presentado anteriormente, que incluye obligaciones para las empresas de más de 25 empleados y los municipios de más de 5000 habitantes para implementar una solución de denuncias para fines de mayo de 2022. Esto va más allá de los requisitos mínimos de la Directiva.
El primer país en transponer la directiva a la legislación nacional. La nueva Ley de Protección de Denunciantes, denominada “Lov om beskyttelse af Whistleblowere”, se aprobó en junio de 2021 y entró en vigor el 17 de diciembre de 2021.
La Ley danesa amplía el ámbito de aplicación de la Directiva Whistleblowing más allá de las denuncias relacionadas con ciertas leyes de la UE; también incluye los incumplimientos de la legislación danesa y denuncias de carácter grave como acoso sexual u otros conflictos personales graves en el trabajo. Sin embargo, no incluye protección para denuncias relacionadas con la seguridad nacional o información relacionada con el sector sanitario, cubiertos por la Ley de Salud.
El Gobierno de Estonia ha aprobado un nuevo proyecto de ley sobre la protección de los denunciantes. El proyecto de ley ha sido enviado al Parlamento donde pasó su primera lectura. Se estima que la nueva ley entrará en vigor en junio de 2022.
La consulta pública sobre el proyecto de ley se cerró en agosto de 2021 e inicialmente se esperaba que la propuesta de proyecto se presentara en el Parlamento en septiembre de 2021. Tras los comentarios sobre el proyecto de ley, el grupo de trabajo que prepara la legislación finlandesa ha retrasado dos veces el plazo, para introducir cambios en el borrador.
El Parlamento de Francia adoptó el 22 de febrero una nueva legislación: Loi n° 2022-401 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte, también conocida como la Ley Wasermann. La nueva ley va más allá de la ley Sapin 2 de Francia y los requisitos mínimos de la Directiva de la UE. Incluyendo sanciones y responsabilidad personal si las organizaciones no cumplen.
Para más información, lea esta publicación sobre la nueva ley francesa.
La transposición está en curso tras el rechazo del proyecto de ley que se presentó originalmente en diciembre de 2020, por parte del partido CDU / CSU. Esto se debió a que las propuestas del borrador iban más allá de los requisitos mínimos de la UE.
El próximo gobierno alemán ha declarado su compromiso con una trasposición responsable de la Directiva Whistleblowing, diciendo que el objetivo «era mejorar la aplicabilidad de los derechos de los denunciantes». Es posible que se introduzcan sanciones si las organizaciones no cumplen.
La introducción de una nueva ley de protección de denunciantes en Grecia se ha retrasado, y las organizaciones de la sociedad civil afirman que las reformas legales necesarias han carecido de transparencia e inclusión. El Ministerio de Justicia aún no ha ofrecido información sobre el proceso.
Hungría sigue siendo el único estado miembro que no inicia la transposición de la Directiva. Las organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación de que Hungría es el único país de la UE que no ha dado ningún paso hacia la transposición de la Directiva Whistleblowing de la UE.
En febrero de 2022 se publicó en Irlanda un nuevo proyecto de ley de protección de denunciantes. El proyecto de ley de divulgación protegida (enmienda) de 2022 busca trasponer la Directiva Whistleblowing de la UE a la legislación nacional irlandesa modificando la ley actual de 2014.
Transparencia Internacional Irlanda expresó su preocupación de que algunas medidas en realidad podrían debilitar la proteccion existente para los denunciantes irlandeses. Esto pondría a Irlanda en incumplimiento de la Directiva que establece que la transposición de la Directiva no debe, bajo ninguna circunstancia, reducir el nivel de protección que ya brindan los Estados miembros. Está actualmente bajo analisis siguiendo las recomendaciones del Comité de Finanzas.
El 8 de mayo de 2021, entró en vigor la ley 53 del 22 de abril de 2021. Esta ley significa que el Gobierno italiano está obligado a adoptar, de conformidad con el art. 1 de la misma disposición, los decretos legislativos para la transposición de directivas europeas y la implementación de otros actos de la Unión Europea.
Esto incluye la transposición de la Directiva Whistleblowing de la UE. Sin embargo, a finales de noviembre de 2021, se hizo oficial que Italia se retrasará en su adopción.
Transparencia Internacional Italia y Good Lobby realizaron una conferencia de prensa para comentar sobre la falta de transparencia en el desarrollo de la ley, y también pidieron que se proceda con más inclusividad y transparencia en las próximas etapas.
El 20 de enero de 2022, Letonia pasó una ley de Whistleblowing y ha recibido elogios por incluir protección específica para las denuncias climáticas. Letonia es un líder emergente en cuestiones climáticas, como lo demuestra su ambicioso Plan Nacional de Energía y Clima. Hasta ahora, Letonia es el único país que incluye explícitamente protecciones para los denunciantes que presentan evidencia de una crisis climática. La nueva ley también amplía el ámbito de aplicación de la Directiva para proteger no solo las infracciones del derecho de la Unión, sino también los incumplimientos de la legislacion nacional.
‘Seimas’, el Parlamento lituano, adoptó una nueva ley de denuncia de irregularidades justo antes del plazo europeo. La nueva ley, que modifica la Ley de Protección de Denunciantes No. XIII-804, entró en vigor el 15 de febrero de 2022. Lituania optó para diferentes plazos en comparación con la Directiva de la UE. El denunciante recibirá una confirmación de la recepción de la información dentro de los dos días hábiles y se le debe enviar feedback sobre el progreso del caso dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Luxemburgo no cumplió con el plazo europeo, pero desde entonces ha presentado un proyecto de ley de protección de denuncias al Parlamento y a los medios de comunicación. Esto ahora está siendo revisado por expertos en protección de denunciantes para determinar si está en línea con los requisitos de la Directiva de la UE y también con las mejores prácticas. El proyecto de ley indica que ampliará algunas de las normas mínimas establecidas en la Directiva, incluida la protección que va más allá de las denuncias de infracciones de la legislación de la UE.
Se ha publicado un nuevo proyecto de ley, denominado «Ley de protección del denunciante (enmienda) de 2021» (núm. 249) sin consulta pública ni de las partes interesadas. El proyecto de ley propone enmiendas y ampliaciones de la legislación actual sobre denuncias (capítulo 527 de 2013), para garantizar que se ajusta a las normas mínimas de la Directiva Whistleblowing.
Las enmiendas parecen seguir los requisitos mínimos de la Directiva con respecto a un marco legislativo mejorado que protege al denunciante. El proyecto de ley hace especial hincapié en la confidencialidad y la protección de datos, que deben estar en consonancia con el RGPD y el Capítulo 586.
El primer borrador de la propuesta se presentó en octubre de 2021. En abril se publicó una versión preliminar, luego de consultas públicas que incluyeron más de 800 páginas de comentarios al primer borrador. La versión actualizada incluye cambios como extender la protección a los trabajadores temporales o en prácticas, eliminar la pseudonimización de los casos y reducir el período de tiempo en que se deben mantener los registros de datos de 5 años a 12 meses después de la finalización del seguimiento del caso.
A partir de la fecha de su anuncio, la ley entrará en vigor transcurridos dos meses. Las entidades privadas que emplean a 250 o más personas tienen un mes para establecer canales internos de denuncia.
La parte más controvertida de la ley se refiere a las posibles sanciones. La ley de Whsitleblowing en Polonia sugiere una pena de hasta 3 años de prisión o restricción de la libertad por obstruir la denuncia, tomar represalias contra un denunciante, revelar ilegalmente la identidad del denunciante o no tener un procedimiento interno.
El 20 de diciembre de 2021 se publicó la Ley N° 93/2021, que transpone la Directiva de la UE sobre Whistleblowing.
Esta nueva ley proporciona el marco general para la protección de los denunciantes, lo que incluye exigir a las organizaciones que establezcan canales internos de denuncia y que no tomen represalias contra los denunciantes. El incumplimiento del nuevo marco legal da lugar a responsabilidad por infracciones administrativas.
En algunos casos, la ley va más allá de los estándares mínimos establecidos en la legislación de la UE. Por ejemplo, incluye no solo las infracciones del derecho de la Unión, sino también los delitos violentos y la delincuencia altamente organizada, así como los delitos a los que se refiere el artículo 1, apartado 1, de la Ley portuguesa núm. 5/2002 de 11.
La nueva ley entrará en vigor el 18 de junio de 2022, 180 días después de su publicación.
Rumania fue uno de los primeros estados europeos en implementar una legislación sobre denuncias de irregularidades, la ley 571/2004 que se refiere sin emabargo unicamente a las denuncias del sector público.
El gobierno rumano adoptó un proyecto de ley que excluía las denuncias anonimas y luego lo revisó incluyendolas excepcionalmente Inicialmente se esperaba que la nueva ley estuviera implementada hasta finales de marzo de 2022 pero el plazo se retrasó.
El proyecto de ley sugiere que la Agencia Nacional para la Integridad, que ya está a cargo de las denuncias en el sector público, sea la autoridad a cargo también del sector privado, ampliando así sus prerrogativas.
El gobierno eslovaco ha publicado una propuesta – Proyecto de enmienda a la ley. No 54/2019 que actualmente está siendo analizado por el Gobierno. Se esperaba que la ley entrara en vigor el 1 de mayo de 2022, pero el proceso se ha retrasado.
En diciembre de 2021, se publicó una propuesta de ley de protección de denunciantes para consulta de las partes interesadas. El 22 de enero de 2022, Transparencia Internacional Eslovenia respondió a la propuesta comentando que se mejoraría el proyecto de ley actual para brindar una protección adecuada a la gama más amplia posible de denunciantes.
Aunque España tambien se retrasara en la trasposicion de la Directiva Whistleblowing, el anteproyecto de ley ya está aprobado y a punto de entrar en vigor. La ley española es muy ambiciosa y establece multas de entre 100.000 y 1 millon de EUR en caso de impedir las denuncias, no implementar el canal de denuncias o intentar averiguar la identidad de un denunciante que ha optado por mantener su anonimato.
Hasta la fecha las multas contempladas por el anteproyecto español son las mas altas a nivel europeo.
De todas formas, la implementación de canales de denuncia internos ha sufrido un gran impulso tras la reforma del Código Penal del 2015, que introdujo una cláusula (el art. 31) de exención de responsabilidad penal para aquellas personas jurídicas que hubiesen adoptado un modelo eficaz de prevención de riesgos penales anterior a las irregularidades detectadas.
El segundo estado miembro en adoptar la Directiva en la legislación nacional. El Parlamento sueco aprobó la propuesta del Gobierno de una nueva ley que protege a las personas que denuncian irregularidades en el lugar de trabajo, el 29 de septiembre de 2021.
La nueva ley, «genomförande av visselblåsardirektivet» (Implementación de la Directiva Whistleblowing), va más allá de los requisitos mínimos de la Directiva de la UE. La protección de los denunciantes puede producirse cuando haya una infracción del «interés general», no solo del Derecho de la Unión, e incorpora municipios con menos de 10.000 habitantes.
Las organizaciones con más de 249 empleados deberán establecer canales internos de denuncia de irregularidades antes del 17 de julio de 2022.
Para más información sobre esto> Suecia transpone la Directiva Whistleblowing de la UE a la legislación nacional
Los Países Bajos ya cuentan con una legislación relacionada con la denuncia de irregularidades, la “Ley de House for Whistleblowers”, por lo tanto, se está modificando para adecuarla a los estándares mínimos de la Directiva de la UE. El nuevo proyecto de ley holandés, la «Ley de protección de los denunciantes«, se publicó el 1 de octubre de 2021 y todavía está bajo consideración en el parlamento.
La ONG Transparencia Internacional de los Países Bajos ha dicho que el Gobierno debe «priorizar la calidad en lugar de la urgencia para cumplir con el plazo».
Para obtener más actualizaciones sobre todos los estados miembros, visita el Monitor de Whistleblowing de la UE.
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